Embargan al Municipio de Singuilucan, Palacio Municipal Bienes y Hasta la Capilla de la Comunidad

*Por pago de más de 21. 4 Millones a 24 Ex trabajadores despedidos

Todas las cuentas bancarias del gobierno de Singuilucan, así como una serie de terrenos y edificios públicos como el palacio del Ayuntamiento, una Casa de Salud de la localidad de El Susto y hasta una capilla en la comunidad de San Joaquín, fueron embargadas este 22 de abril por personal del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal.

Lo anterior, luego de la resolución del tribunal por el proceso de 24 extrabajadores municipales que reclamaron el pago de 21 millones 408 mil 405 pesos, monto total correspondiente a laudos laborales.

Congregados en la Casa de Cultura de la cabecera municipal, funcionarios de la Secretaría del Trabajo de Hidalgo, abogados de los exservidores públicos, así como trabajadores del gobierno local en funciones, entre ellos la alcaldesa morenista Yazmín Dávila, sostuvieron una reunión para dar cumplimiento a la orden de embargo.

La alcaldesa señaló que partir de este martes y hasta que se presente una impugnación o se llegue a un acuerdo, el gobierno no puede usar los fondos de ninguna de las cuentas bancarias de la administración.

Singuilucan enfrenta cinco procedimientos en materia laboral

Posteriormente, la presidenta detalló que este es solo uno de los cinco procedimientos en materia laboral que enfrenta el municipio, que en suma equivalen a casi 30 millones de pesos.

La resolución final nos obliga a pagar 21 millones 408 mil pesos para saldar prestaciones y derechos de estos trabajadores que ganaron el juicio. Es por lo que hoy están aquí exigiendo y por lo que vinieron a embargarnos

El primero, explicó la edil, fue etiquetado por la administración municipal como “Laudo 1” y se dictó como tal en 2022. Tal procedimiento es por el cual este día embargaron todas las cuentas del municipio y del Ayuntamiento, así como escrituras del terreno donde se construiría un nuevo panteón en El Caraballo; de áreas verdes en El Varal; la plaza principal, el auditorio municipal, la presidencia, la capilla de San Joaquín, una fosa séptica de Alfajayucan y la Casa de Salud de El Susto, por mencionar algunos. Este proceso judicial inició en 2016 por demanda de 30 trabajadores que reclamaron indemnizaciones durante la administración 2012-2016.

Quiero decir que yo como ciudadana no comparto para nada que un servidor público demande, no comparto que alguien que estuvo al servicio del pueblo hoy venga y quiera sacar provecho y quiera ver esto como un negocio (…) como presidenta estoy consciente de que es algo que tenemos que pagar como singuiluquenses, pero sí hacerlo de una forma en que el municipio no se quede sin operación. (…) No estamos evadiendo nuestras responsabilidades, el municipio hará frente a los compromisos laborales pero tampoco permitiremos abusos

Solicitarán revocación

Como administración, el gobierno interpuso un recurso de revisión ante autoridades federales para impugnar el embargo, ya que cayeron en cuenta que no se les emplazó correctamente como Ayuntamiento en juicios de defensa de los trabajadores. Por lo tanto, adelantó que solicitarán al Tribunal Mayor que revoque dicha acción, pues considera que “estoy segura que legalmente muchos de estos bienes son inembargables”.

Los otros laudos

Dávila expuso que este no es el único problema en materia laboral al que se enfrenta su administración. Tras una revisión que comenzó desde el 5 de septiembre de 2024, detectaron otro laudo, llamado “Laudo 2”, equivalente a 1.7 millones de pesos, con fecha al 30 de octubre de 2019.

Igualmente, un “Laudo 3”, el cual ya fue liquidado el 17 de diciembre de 2024 vía convenio. El “Laudo 4” de 481 mil pesos, ya pagado también por convenio; así como el “Laudo 5”, de 2.4 millones de pesos, correspondiente a expolicías, pendiente de pago.

De los casi 30 millones de pesos que se deben en materia de trabajo, la alcaldesa expuso que aún hay 70 juicios laborales pendientes. Nueve en estado “procesal salvable”, los demás “están prácticamente perdidos” porque no hubo “una defensa correcta, no se hizo el desahogo de pruebas correcto. Nos quedamos como municipio en estado de indefensión y no sabemos de cuánto dinero estamos hablando

El monto al que ascienden los probables laudos ligados a los 61 juicios laborales pendientes, es hasta el momento desconocido por la autoridad municipal.

Exponen otras deudas y controversias financieras de Singuilucan

En línea con lo anterior, la alcaldesa refiere que el dinero en deuda y en controversia para Singuilucan asciende al menos a los 80 millones de pesos. Primeramente, porque hay un adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), toda vez que presuntamente, la administración anterior retuvo impuestos a los trabajadores sin enterar las contribuciones correspondientes al SAT en tiempo y forma.

La deuda, calculada por el municipio, es de 14.1 millones de pesos, el cual “lo retuvieron cuando pagaban la nómina (…) tampoco están en las cuentas. Hoy se traduce en sanciones y cargas financieras adicionales”. De este adeudo, el municipio paga una amortización mensual de 600 mil pesos para regularizar la obligación fiscal.

Además, hasta 21 millones 931 mil pesos que se giraron en cheques a nombre del expresidente municipal para supuestos pagos de nóminas, sin el debido sustento; un recurso federal de 1.2 millones de pesos otorgado para la Secretaría de Cultura, sobre el cual tampoco hay justificación de gastos y por lo que el municipio está “vetado” del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).

Un retiro sin justificación por 700 mil pesos, un pago también sin sustento de 467 mil pesos aplicados a la feria municipal; además, expuso la edil, 3 millones 785 mil pesos etiquetados como ayudas sociales sin justificación, sin oficio de petición ni constancia de entrega, de los que únicamente se cuenta con una lista de personas que recibieron el apoyo. Para disponer de este recurso, la alcaldesa señaló que fue a través de un cheque por el total que se giró al nombre del ex presidente.

En acciones legales, la administración singuiluquense ya inició carpetas de investigación ante diversas autoridades el 23 de octubre y el 13 de diciembre de 2024.

Todo esto lo hicimos de conocimiento a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de haber detectado las inconsistencias y omisiones para que en el ámbito de su competencia den seguimiento y emprendan las acciones correspondientes (…) mi administración, y la que sigue y la que sigue, no van a terminar de pagar está deuda

Asimismo, una carpeta de investigación por peculado y lo que resulte ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en febrero de 2025, integrada en el expediente 12-2025-02725, por concepto de pago de nóminas sin justificación de distintos fondos.

También la 12-2025-02726 por concepto de 142 millones 186 mil 329 pesos, que emanan de que del 2022 al 2024, señala la presidenta, la administración local operó sin tener un Presupuesto de Egresos, por lo que “se ejercieron los recursos sin contar con ninguna autorización. Esto, a final de cuentas, es un desvío”.

Con un presupuesto para el ejercicio 2025 de 95 millones de pesos, Dávila refirió que entre las acciones que han de implementar para cumplir con el pago de deudas, se encuentran la reestructuración financiera interna, basada en modelo de austeridad; reducción de gastos no esenciales; búsqueda de esquemas de pagos diferidos en deudas fiscales y también para extrabajadores; apoyo del gobierno estatal y del gobierno federal, así como reforzamiento a la transparencia.

Además, no descartó proponer una reducción salarial y de dietas para los regidores y síndicos que integran la junta de cabildo.

“Daremos todos los elementos necesarios para que se dé con los responsables de tener al municipio en la situación tan vergonzosa y complicada”, concluyó la munícipe.