Caso Chihuahua-CIA Sacude Al PAN: Senado Perfila Responsabilidades Penales y Sentencia Su Costo Político
CDMX a 29 de abril de 2026 (Noticias de México).- El senado cerró el debate de Agenda Política con una dura sentencia contra el PAN: el caso Chihuahua y la CIA infiltrada en el gobierno de Maru Campos ha terminado por sepultar a los panistas y el próximo año estarán liquidados en las urnas.
Y es que no se trata de un episodio menor. La participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (relacionada con los golpes de estado en Latinoamérica), facilitada desde un gobierno estatal y sin conocimiento del Estado mexicano, coloca el caso en el terreno más delicado de la vida pública: la soberanía.
La Constitución es clara: comprometer la seguridad nacional bajo injerencia extranjera configura el delito grave de traición a la patria.
El contexto internacional amplifica la gravedad. La creciente intervención de Estados Unidos para vulnerar soberanías nacionales como lo muestran la reciente intervención en Venezuela y aprehensión del presidente en turno, en aras de la democracia; así como la guerra contra Irán.
El caso Chihuahua-CIA no es menor, claro que no; más cuando, desde hace años, figuras del PAN han promovido abiertamente la participación de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México.
En ese marco, la revelación de un operativo en la Sierra Tarahumara con presencia de agentes extranjeros fuera de los cauces legales, reactivó en el Senado la amenaza histórica de intervenciones en México.
De ello, el episodio quizás más trágico para nuestro país ha sido la guerra con Estados Unidos en 1847, que terminó con la pérdida de casi la mitad del territorio nacional. También el golpe de estado en 1913 a manos de Victoriano Huerta en contra del presidente electo Francisco I. Madero, con el respaldo de un embajador norteamericano. Además de la invasión francesa en 1864, cuando conservadores mexicanos ofrecieron a Maximiliano de Habsburgo gobernar México con el desconocimiento de la presidencia de Benito Juárez.
Y mientras el PAN intenta minimizar el caso, el Senado elevó el tono institucional. La Cámara Alta había citado ayer martes a la gobernadora de Chihuahua a rendir cuentas por la participación de agentes de la CIA en un operativo de seguridad sin autorización federal; pero no acudió.
Lo que derivó en este debate y la presentación del Informe legislativo correspondiente de las comisiones de Puntos Constitucionales, presidida por Óscar Cantón Zetina y de Seguridad Pública, encabezada por Lucía Trasviña, en el que se puntualizó:
la seguridad nacional es atribución exclusiva de la Federación y su vulneración conlleva responsabilidades no sólo administrativas, sino penales.
Sobre el cuestionamiento si el Senado tiene facultades para llamar a cuentas a un gobernador, la respuesta fue un sí contundente en ese informe: sí cuando están en juego el pacto federal y el equilibrio de poderes.
El informe leído por Cantón Zetina concluye que el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, habría actuado al margen de la ley e incurrido en el delito de traición a la patria, previsto en el Código Penal Federal.
Lo cual se descubrió tras un operativo en la Sierra Tarahumara en que se registró un accidente de carretera, con saldo de cuatro muertos, entre estos dos agentes extranjeros, como informó el propio fiscal del estado y la gobernadora, quienes confirmaron que se trataba de agentes de la CIA.
El sustento constitucional es directo: el artículo 40 impide a las entidades asumir facultades exclusivas de la Federación, mientras que el 117 prohíbe alianzas con gobiernos extranjeros.
Con ese piso jurídico, el debate político arrancó.
Desde tribuna, Gerardo Fernández Noroña expuso lastimosamente para la bancada azul que: en la caída a un barranco de la camioneta donde viajaban cuatro personas (Dos agentes de la CIA), durante operativo del gobierno de Chihuahua, “se fue también todo el Partido Acción Nacional”.
Al evidenciarse que este partido sirve a un gobierno extranjero, a Estados Unidos, a través de agentes de la CIA.
De ahí que recordó el pasaje histórico cuando conservadores mexicanos trajeron a gobernar a México a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García. Esos son ustedes —les dijo enérgicamente.
Su defensa hoy es que combaten al narcotráfico; y aquí no estamos discutiendo si combaten o no a narcos; y si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas acuerdos o convenios con gobiernos extranjeros y ustedes metieron por la puerta trasera a los agentes de la CIA; y ese delito se llama en la Constitución Mexicana: traición a la patria
Con el caso Chihuahua, el PAN acaba de sepultarse políticamente. Yo creo que el año entrante ustedes están liquidados electoralmente –sentenció sereno, ante el silencio de la bancada azul.
La respuesta, en consecuencia, por parte de la más controversial senadora panista, Lilly Téllez, fue gritarle “changoléon, changoleón, narcotraficante, narco…” durante su intervención en tribuna. Intervención que rebosó en estridencias. Hasta la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, le solicitó no poner apodos y conducirse con respeto.
En su turno, Mario Vázquez del PAN, intentó defender a la gobernadora, pero con argumentos de corte religioso y no legales. Habló de “pecado” y no de Estado de Derecho. Lo que evidenció su falta de sustento jurídico frente a un debate centrado en la Constitución.
El único pecado de la gobernadora Maru Campos fue realizar labores de desmantelamiento de un narco-laboratorio.
Más incisivo fue el morenista Javier Corral, quien ironizó sobre la ausencia de la mandataria: La maestra (Maru Campos) que dijeron los panistas vendría al Senado a darnos clases de combate al narcotráfico, no llegó.
El operativo en la Sierra Tarahumara descubrió un pacto a espaldas de la nación y del gabinete de seguridad Federal. Una tragedia descubrió un operativo encubierto con la CIA en el estado de Chihuahua. Lo cual será recordado como uno de los actos más ominosos de violación a la soberanía nacional
En MC, un partido “neutral” entre la oposición y el oficialismo, reconoció que lo ocurrido en Chihuahua no fue un incidente menor. Que el gobierno estatal está obligado a actuar dentro del marco legal; y no lo hizo. Por eso, la bancada naranja se pronunció por que “la gobernadora dé la cara y explique qué pasó en ese operativo”.
Ricardo Anaya, del PAN, justificó la no asistencia de la gobernadora porque “no tiene paciencia para discutir con legisladores de MORENA”; un argumento por demás débil. En general su disertación fue pobre; ya que su argumento descansó en calificar a los morenistas de esquizofrénicos.
“Quieren quemar en leña verde a la gobernadora… por el grave pecado —insistió en el pecado y no en la violación de la ley– de combatir al narco”
Y agregó: Maru Campos recibió informes de la CIA sobre ubicación de un narco-laboratorio y corrió a desmantelarlo. —Declaración que confirmó de facto el vínculo que el Senado cuestiona.
Para concluir el debate sobre la Soberanía Nacional vulnerada desde una entidad federativa, Félix Salgado Macedonio de MORENA, condujo el debate político al terreno penal: El delito de traición a la patria se castiga con 5 a 40 años de prisión, les informó a los panistas y les reprochó sus acciones:
No tienen que asociarse con Estados Unidos.
Ustedes han pedido la intervención de la Unión Americana para que arregle asuntos nacionales. Ustedes son aliados de Estados Unidos, ya son de aquella parte. No son mexicanos, son apátridas y traidores a la patria.
Y así concluyó el debate, sin más réplica; sólo con el turno del informe a la mesa directiva y a la Fiscalía General de la República.
