Diputada Yarabi González Presenta Iniciativa Para Sancionar con 2 a 6 años de prisión y multas la Usurpación de Profesiones en Hidalgo
* En caso de que se realicen procedimientos quirúrgicos, las penas se incrementan de 4 a 9 años de prisión.
Pachuca, Hgo., 15 de julio de 2025.- Las y los diputados Yarabi González Martínez, Aldo Meza Hernández, Andrés Velázquez Vázquez y Arturo Gómez Canales (Morena) propusieron la iniciativa que modifica el Código Penal para el Estado y la Ley de Salud de Hidalgo, con la finalidad de actualizar desde el ámbito legal y profesional, programas y planes de estudios, normas oficiales y guías de práctica clínica para homologar los límites de cada profesión en el país y evitar el intrusismo profesional.
Asimismo, se pretende tipificar con mayor severidad la usurpación de profesiones, especialmente en el ámbito de la salud, con sanciones de dos a seis años de prisión y multas para quienes ejerzan profesiones del sector salud sin título ni cédula.
En caso de que se realicen procedimientos quirúrgicos, las penas se incrementan de cuatro a nueve años de prisión y se establece la obligación de clínicas, hospitales y plataformas digitales de verificar periódicamente la validez de las acreditaciones de su personal ante el Registro Nacional de Profesionistas. También se prohíbe el uso compartido o alterado de recetas, documentos y papelería profesional.
De acuerdo con datos oficiales, en 2023 se registraron más de 10 mil denuncias en el país por usurpación profesional, un delito que representa una amenaza para la integridad de los servicios públicos y la seguridad de las personas, en particular cuando se trata de especialidades médicas.
La iniciativa propone reformas al Código Penal y a la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, destacando los siguientes puntos:
Sanciones de 2 a 6 años de prisión y multas para quienes ejerzan profesiones del sector salud sin título ni cédula.
En caso de que se realicen procedimientos quirúrgicos, las penas se incrementan de 4 a 9 años de prisión.
Se establece la obligación de clínicas, hospitales y plataformas digitales de verificar periódicamente la validez de las acreditaciones de su personal ante el Registro Nacional de Profesionistas.
Se prohíbe el uso compartido o alterado de recetas, documentos y papelería profesional.
“Ejercer una profesión sin los conocimientos ni acreditaciones necesarias no solo es un delito, es un riesgo para la vida de las personas”, expresó la legisladora, al subrayar la necesidad de actualizar el marco legal para proteger la salud y la confianza ciudadana.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
