Legisladores Aprueban Hacer Público el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Pachuca, Hgo., 9 de diciembre de 2025.-En sesión ordinaria, diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura avalaron con 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa que reforma la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.
La legisladora Alma Rosa Elías Paso (Morena), una de las y los promoventes del dictamen, resaltó que se busca que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos sea público porque cumple con una finalidad constitucionalmente legítima: garantizar el derecho fundamental de alimentos de niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la infancia sobre los derechos patrimoniales y de privacidad del deudor
modificaciones al artículo 141 Bis de la Ley para la Familia, con la cual se busca fortalecer el registro de deudores alimentarios morosos y garantizar que quienes no cumplen con la pensión alimenticia enfrenten consecuencias más severas.
La iniciativa, plantea que cualquier persona con una sentencia o convenio para pagar pensión que adeude 90 días —sean consecutivos o no dentro de un año— sea inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El dictamen aprobado por los legisladores establece en el artículo 141 Bis de la Ley para la Familia que toda persona obligada a otorgar pensión alimenticia que incumpla durante 90 días, consecutivos o no dentro de un año, será inscrita en dicho Registro, salvo que acredite estar al corriente o cubra la deuda correspondiente.
Una vez confirmado el incumplimiento, el Juez de lo Familiar deberá ordenar de inmediato la inscripción a esta base de datos que será público y con base en lo dispuesto por las leyes en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
La propuesta, originalmente, refiere que, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, este registro debe ser público como una medida proporcional, eficaz y necesaria para presionar al cumplimiento de una obligación legal derivada de sentencia o convenio judicial.
Al respecto, la diputada Tania Meza Escorza, una de las promoventes del proyecto, destacó que la reforma responde a una exigencia social que ha sido encabezada especialmente por mujeres y colectivas que luchan contra la violencia económica.
“Esto es justicia. Visibilizar a quienes incumplen con su obligación alimentaria es dejar de normalizar una forma de violencia que afecta directamente a las infancias. Hidalgo no puede seguir ignorando esta realidad”, expresó la legisladora.
Las y los legisladores recordaron que la publicación del nombre de personas morosas no constituye un castigo arbitrario, sino una herramienta para incentivar el cumplimiento y proteger a menores que dependen de esos recursos.
Con la reforma, cuando una persona deje de pagar la pensión y no logre justificarlo, el juez deberá ordenar su inscripción inmediata en el registro.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
