*Durante la Jornada por la Paz y el Bienestar del Pueblo, funcionarios y servidores públicos fueron señalados por mujeres como responsables de violencia familiar, vicaria.
*Acusan a Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y de la Procuraduría General de Justicia fueron acusados de revictimizar a mujeres, de no dar seguimiento a sus carpetas de investigación o incluso de no ofrecer medidas de protección
Pachuca, Hgo., 16 de noviembre 2025.- El acercamiento de las autoridades con la población durante la Jornada por la Paz y el Bienestar del Pueblo que organizó la Secretaría de Gobierno en la Plaza Independencia de Pachuca fue un foro donde una docena de mujeres denunciaron como sus principales agresores a regidores, jueces, e inclusive al hermano de una de secretaria del gabinete estatal, de secretarios de Estado, no solo en casos de violencia e incumplimiento de obligaciones sino también en casos de fraude y extorsión.
Funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno fueron señalados por mujeres como responsables de violencia familiar y vicaria, así como de re victimización.
inclusive al hermano de una de secretaria del gabinete estatal, de secretarios de Estado, no solo en casos de violencia e incumplimiento de obligaciones sino también en casos de fraude y extorsión.
Aunque no se mencionaron nombres, se señaló a un regidor de Zimapán por la supuesta compra de un terreno a una particular a la cual no entregó el dinero, en otro caso una mujer denunció a un funcionario de Villa de Tezontepec de amenazarle y ofrecerle apoyo únicamente a cambio de favores sexuales.
Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y de la Procuraduría General de Justicia fueron acusados de revictimizar a mujeres, de no dar seguimiento a sus carpetas de investigación o incluso de no ofrecer medidas de protección.
Entre quienes levantaron la voz, se denunció a un funcionario de nivel federal que amenazó a una familia originaria de Colombia con quitarles la vida y estar a unos días de vencerse sus medidas de protección.
No obstante, en este encuentro también se expusieron casos como la falta de protección a activistas, la falta de recursos para la Comisión de Atención a Víctimas del Estado y la omisión de atender la invasión de un predio propiedad de Gobierno del Estado que se ubica a espaldas de la Casa de la Tercera Edad al sur de la ciudad.
Ante estos planteamientos, las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a las carpetas de investigación, a otorgar medidas de protección y a verificar el actuar de los servidores públicos.