Proceso Penal Contra Juan Manuel Hinojosa Zamora, Titular de La Notaría Pública Número 8 de Tulancingo.
*Por Posibles Delitos Cometidos en el Ejercicio de su Actividad Profesional como notario público
*Es señalado por presuntamente autorizar un poder notarial que habría derivado en la pérdida de un inmueble valuado en 29 millones de pesos
Integrantes de la familia Arenas Rodríguez denunciaron un presunto retraso en el avance del proceso penal iniciado contra Juan Manuel Hinojosa Zamora, titular de la Notaría Pública número 8 de Tulancingo, el notario público número 8 señalado por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su actividad profesional, relacionados con la autorización de un poder notarial que habría derivado en la pérdida de un inmueble con valor aproximado de 29 millones de pesos.
En conferencia de prensa, los afectados explicaron que la carpeta de investigación inició en noviembre de 2024 en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y posteriormente fue turnada a la Unidad Especial de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde actualmente se encuentra la carpeta.
La causa penal quedó radicada en el Juzgado de Control de Tulancingo bajo el número 117/2026, debido a que los hechos ocurrieron en dicho municipio. De acuerdo con los denunciantes, la investigación fue judicializada el pasado 11 de marzo de 2026, fecha en la que el Ministerio Público solicitó el ejercicio de la acción penal.
La audiencia inicial fue programada inicialmente para el 21 de abril de 2026, sin embargo, a solicitud del Ministerio Público fue diferida y se estableció una nueva fecha para el 11 de junio del mismo año. Un día antes de esa audiencia, nuevamente se pidió un aplazamiento bajo el argumento de que aún existían actos de investigación pendientes, explicó su abogado
Los representantes legales de la familia señalaron que dichas diligencias que en su momento fueron consideradas necesarias ya forman parte actualmente de la carpeta de investigación, por lo que cuestionaron que hasta ahora no exista una nueva fecha para celebrar la audiencia inicial.
De acuerdo con la explicación ofrecida, el caso se originó por la presunta elaboración de un poder notarial mediante el cual una persona que fungía como apoderado legal de las víctimas habría otorgado facultades a un tercero, pese a que, según los afectados, el documento original no contemplaba expresamente esa autorización.
Además, señalaron que para realizar dicho acto se habría utilizado un poder que previamente había sido revocado años atrás. Según la familia, esta situación permitió que un tercero reconociera un adeudo cercano a los 29 millones de pesos, generando una afectación directa a su patrimonio.
Los denunciantes indicaron que solicitaron una opinión técnica al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, organismo que, según afirmaron, determinó que no fue correcto que un apoderado otorgara facultades a un tercero cuando esa posibilidad no estaba expresamente establecida en el documento correspondiente.
La familia también informó que la defensa del notario presentó una solicitud de no ejercicio de la acción penal, situación que, de prosperar, podría ocasionar el cierre de la investigación y dejar sin avance el reclamo por la afectación patrimonial.
Ante ello, pidieron a las autoridades que el procedimiento continúe conforme a derecho y que se garantice que no existan actos de favoritismo o irregularidades, además de que el caso llegue hasta las últimas consecuencias.
Finalmente, señalaron que la Notaría número 8 de Tulancingo continúa operando actualmente, mientras esperan que las autoridades judiciales determinen el rumbo del proceso.
