Diputada Morenista Propone Cerrar los Espacios Legales en Materia Familiar
Pachuca, Hgo., 31 de marzo de 2026.- La diputada Tania Meza Escorza presentó una iniciativa durante la sesión ordinaria en el Congreso local para fortalecer la protección de las víctimas de violencia familiar equiparada, mediante la incorporación expresa de nuevos supuestos y la ampliación del plazo de reconocimiento de las relaciones de hecho.
La propuesta incluye de manera explícita, como sujeto de protección a la persona con quien se tengan hijas o hijos en común, además de extender de dos a cinco años el periodo en que se reconoce jurídicamente una relación de hecho.
El objetivo, dijo, es prevenir espacios de impunidad y garantizar una tutela más efectiva, integral y acorde con la realidad de las relaciones familiares y de pareja.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 18 mil 812 delitos de violencia familiar a nivel nacional, lo que confirma la alta incidencia de este fenómeno.
En ese contexto, Hidalgo reportó 458 casos, equivalentes a aproximadamente el 2.4 por ciento del total, ubicándose en una posición intermedia, pero con una problemática que demanda atención institucional sostenida, agregó Meza Escorza.
Actualmente, el Código Penal para el Estado de Hidalgo sanciona la violencia familiar equiparada cuando se ejerce contra personas sujetas a custodia, guarda, protección, educación o cuidado, así como contra quienes mantuvieron una relación de hecho hasta dos años antes del acto. No obstante, la legisladora señaló que este marco resulta insuficiente para atender la complejidad de las dinámicas de violencia que persisten incluso después de la separación.
La iniciativa destaca que la existencia de hijas o hijos en común genera un vínculo permanente entre las personas progenitoras, aun cuando haya concluido la relación afectiva, debido a obligaciones como alimentos, convivencia, guarda, custodia y decisiones de crianza. Por ello, la violencia no solo puede continuar, sino incluso intensificarse tras la ruptura.
En el documento se advierte que, en la práctica, este tipo de violencia suele manifestarse mediante el uso de hijas e hijos como mecanismo de presión, incluyendo amenazas relacionadas con la convivencia, incumplimiento de obligaciones, sustracción, hostigamiento en los procesos de entrega y recepción, así como agresiones derivadas de conflictos sobre la crianza.
Asimismo, prevé la ampliación del plazo de dos a cinco años se justifica en que muchas agresiones no ocurren de forma inmediata tras la ruptura, sino que pueden surgir posteriormente por factores como nuevas relaciones, disputas legales, conflictos patrimoniales o intentos de retomar control sobre la víctima.
La reforma propone que el artículo 243 Ter del Código Penal estatal se modifique para establecer que se equiparará a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas a quien cometa estos actos en contra de la persona con quien tenga hijas o hijos en común, o con quien haya mantenido una relación de hecho hasta cinco años antes de la comisión del delito.
Con esta modificación, dijo, se busca reconocer de manera más amplia las formas en que se configuran las relaciones familiares y cerrar posibles lagunas legales que podrían dejar sin protección a víctimas en contextos de violencia persistente.
